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agosto 22, 2020

[ENTREVISTA] Rodrigo Curipan: «Los distintos gobiernos se acostumbraron a que los Mapuche tratáramos las situaciones mediante otras instituciones»

por equipo ACIWA

El pasado Jueves fuimos hasta Angol para hablar en extenso con Rodrigo Curipan, vocero de la huelga de hambre de los presos políticos Mapuche de la cárcel de Angol. Cuando se cumplían 109 días de huelga de hambre, pudimos conversar con el werken respecto a la situación de los presos, la relación con el Estado Chileno, el marco de solución a la huelga que abre la posibilidad de garantizar por parte del Estado la aplicación del Convenio 169 de la OIT, y en torno al momento político actual de la lucha del Pueblo Mapuche.


[Jueves 20 de Agosto] Hoy estamos en la ciudad de Angol, en las afueras de la cárcel. Nos encontramos con el lamgen, werken, Rodrigo Curipan, en representación de los 8 presos políticos Mapuche, los que ya suman 109 días en huelga de hambre. Mari mari lamgen.

Mari mari lamgen.

Muchas gracias por recibirnos. Estamos en el campamento que lleva 15 días a las afueras del recinto penitenciario para acompañar a los familiares y a las comunidades Mapuche a las que los presos pertenecen. Los 8 huelguistas son Sergio Levinao, Juan Kalbükoy, Victor Llanquileo, Juan Queipul, Fredy Marileo, Danilo Nawelpi, Antü Llagka, Reinaldo Penchulef. Primero, nos gustaría saber cuál es la situación, la condición física, anímica, en la que se encuentran los 8 lamgen que están en huelga de hambre

Efectivamente, llevan 109 días en huelga de hambre, con ese tiempo en huelga se entiende que la situación es bien compleja. El día de ayer [Miércoles 19 de Agosto] los vió el médico de confianza, quien señaló que cada uno de ellos está teniendo problemas de movilidad, lo que sumado a otros síntomas que han presentado, los mantiene casi inmóviles. Hoy día los ocho prisioneros políticos se encuentran al interior de un módulo que está destinado para ellos. 

Lamentablemente por parte de Gendarmería, la actitud que han tomado desde que inició la huelga, ha sido imposibilitar cualquier actitud que permita ayudar a la condición física en la que ellos se encuentran. Estamos a la espera de que gendarmería pueda autorizar el ingreso de un kinesiólogo, para evitar que alguno de ellos quede con secuelas en las movilidad de sus extremidades. 

¿Han podido establecer instancias de diálogo, han recibido alguna respuesta por parte del gobierno, a propósito de la huelga que llevan los lamgen?

Desde hace mucho tiempo, en distintas ocasiones hemos planteado la condición de la huelga de hambre, y también cuales son los objetivos de esta huelga. Cada uno de los puntos que hemos ido señalando en los últimos tres meses de huelga, han tenido que ver, básicamente, con plantear la necesidad de una mesa de trabajo de alto nivel político, con el propósito de discutir allí cómo se aborda la aplicación del Convenio 169 en materia penal y penitenciaria. 

Esto lo hemos señalado en distintas ocasiones, tanto al subsecretario, como al ministro del interior, en distintas ocasiones. Dos veces en la comisión de Derechos Humanos de la cámara de diputados, y dos en la comisión del senado. En esta última, nosotros tuvimos siempre la misma disposición de diálogo, y manifestamos, que esta situación solo se resuelve con diálogo, hemos sido muy claros en eso. Un diálogo sincero, que el gobierno tenga la capacidad de abordarlo desde un punto de vista bilateral, es decir, que los Mapuche podamos sentarnos con el gobierno para resolver una situación tan delicada como es la aplicación, de manera efectiva, del Convenio 169. 

«El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la aplicación del 169, y no ha tomado ninguna medida para que eso suceda. Solo se ha dedicado a decir que hay una ratificación del Convenio, pero nunca ha habido una aplicación efectiva.»

Recordemos que este instrumento internacional, completamente vigente hoy en el ordenamiento jurídico chileno, tiene doce años desde su ratificación y entrada en ejercicio. Desde este punto de vista, lo que nosotros hemos observado en los últimos doce años, es que no ha habido una aplicación efectiva. Hemos visto que en cada una de las causas penales en los tribunales de justicia, siempre que se le solicita a los jueces aplicar medidas cautelares alternativas al encarcelamiento para los Mapuche, siempre han sido denegadas. Jueces que ante estas solicitudes, hacen caso omiso a la situación. 

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la aplicación del 169, y no ha tomado ninguna medida para que eso suceda. Solo se ha dedicado a decir que hay una ratificación del Convenio, pero nunca ha habido una aplicación efectiva. La única vez que nosotros hemos observado por parte del Estado una voluntad de aplicarlo, ha sido cuando ha perjudicado a los Mapuche. Al comienzo de este gobierno por ejemplo, con una consulta que hacía parte el Convenio 169, pero con el objeto de conseguir que las pocas tierras que tenemos los Mapuche fueran sacadas al mercado, porque, según la derecha y el gobierno actual, el problema de los Mapuche es básicamente la pobreza y no los derechos colectivos que este convenio nos asegura. 

Desde ese punto de vista, el gobierno no ha manifestado una voluntad real de conseguir un acuerdo que permita asentar dos cosas: por un lado, resolver la situación de la huelga de hambre y por otro lado, que nos permita establecer una mesa de alto nivel político para abordar en ella cuál va a ser la forma, la manera, los mecanismos que se van a tomar para aplicar de manera efectiva el 169. 

Respecto a la situación en la que están los presos políticos actualmente, sabemos que 5 están con prisión preventiva. Hemos visto también como en otros casos de persecución política, llevan hasta el año y medio de prisión preventiva, mientras dura la investigación, sin darles la posibilidad de irse a sus domicilios mientras la investigación es realizada ¿Que le parece que se ocupen estas medidas cautelares en casos de prisión política Mapuche?

Tiene que ver mucho con que los gobiernos siempre han actuado de manera racista y discriminatoria, cada vez que han querido perseguir políticamente las reivindicaciones territoriales y políticas de los Mapuche. En este sentido, lo que nosotros hemos ido observando, es que las detenciones preventivas y las condenas que se llevan a cabo contra Mapuche, siempre han contado con el patrocinio del gobierno de turno. Siempre ha sido el mismo mecanismo para abordar la situación de los Mapuche. Entonces, las detenciones preventivas han terminado siendo, en varios casos, largas condenas que han significado un sacrificio de muchas familias Mapuche por demostrar su inocencia en los tribunales. Y en los casos donde han habido condenados, nosotros hemos dicho siempre: en cada una de las causas Mapuche el gobierno ha hecho su intromisión política, y ha habido siempre una presión sobre los jueces a la hora de definir si alguien es culpable o no. 

Si hoy día tenemos condenados Mapuche es producto de la persecución política que ha ejercido el Estado contra los Mapuche, y que los distintos gobiernos han venido estableciendo como práctica sistemática en los procesos donde los Mapuche se ven involucrados en procesos de reivindicación territorial y política. Hoy día, hay evidencia suficiente para demostrar esto, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. 

El gobierno, en su conjunto, el Estado y sus instituciones, han actuado siempre de mala fe contra los Mapuche. Ejemplo de ello es que hoy hay carabineros que han asesinado a miembros del pueblo Mapuche y que están con arresto domiciliario. Hay 13.000 personas no Mapuche que fueron excarceladas a consecuencia de la pandemia, y ningún prisionero político Mapuche que haya podido optar a ese proceso. Hoy día el actuar de las instituciones públicas, de los actores políticos del Estado de Chile, ha ido siempre en esa línea. 

Desde este punto de vista, nosotros seguimos pensando que el Estado tiene la responsabilidad, y por lo tanto es a este gobierno al que se le está diciendo que hay un instrumento jurídico internacional que puede resolver esta situación de manera clara y efectiva. Por esto se pide la aplicación del 169: para que no volvamos a pasar por lo mismo que han pasado distintos miembros de comunidades Mapuche que han sido perseguidos, y en esta persecución, el Estado ha actuado siempre de manera racista.



En esta misma línea, respeto a la prisión política, hace unos días veíamos como la representación del Estado a nivel regional, Víctor Manoli, empresario ligado a la industria forestal e intendente de la región, y también el ministro del interior Victor Pérez, han señalado que no existe la prisión política en Chile, y que los presos políticos Mapuche serían presos comunes ¿Cómo se justifica la existencia de prisión política, que no son presos comunes, como hacen ver estas autoridades Chilenas?

Partamos por lo primero. Ningún preso común estaría alegando la aplicación de un instrumento tan importante, de carácter internacional, como el 169. ¿Quiénes lo están haciendo? miembros del pueblo Mapuche. Un pueblo que ha permanecido durante muchos años tratando de hacerse cargo de la ocupación ilegítima, por parte del Estado, de nuestro territorio. Hoy día, ese conflicto del cual el Estado nos responsabiliza a nosotros, es un conflicto político. Es un conflicto que el Estado generó. Por lo tanto, en este conflicto político no resuelto por el Estado, es que ha sucedido esta situación de persecución permanente política contra los Mapuche. 

Si no fuese una situación política ¿por qué el Intendente ha sido el primero en aparecer con querellas contra cada de los que están hoy día en huelga de hambre? en distintas cárceles chilenas hoy día hay Mapuche presos producto de la persecución política, y en cada una de esas causas está hoy día el Estado como patrocinante de las querellas. Si ese hecho no fuera uno de carácter político, si no se buscara dar una señal política con esto, probablemente nosotros adheriríamos al hecho de que estamos frente a causas comunes. 

Respecto a los tribunales de justicia, frente a la formalización de distintos hechos, los han catalogado como causas comunes. No existe en Chile un tribunal que resuelva problemas políticos, o que resuelva situaciones penales políticas, no existe eso, en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, lo que hace el ministro del interior, o el intendente de la Araucanía, es una opinión desinformada, que demuestra una carencia de profesionalismo desde el cargo que están utilizando, y desde ese punto de vista considero que deberían informarse más, porque en definitiva, estamos ante un problema que es de carácter político y que tiene que resolverse necesariamente en ese vía. 

Hoy día lo que estamos planteando es la falta de voluntad política del gobierno, del Estado en su conjunto, en abordar y buscar mecanismos que permitan que el Convenio 169 sea un instrumento efectivamente aplicado.

Respecto del Convenio 169, lamgen, ustedes han hecho alusión a su cumplimiento, y particularmente ahora, en esta coyuntura, a los artículos 7, 8, 9 y 10. El artículo número 10 habla de que los Estados debiesen considerar las diferentes condiciones de los presos que pertenezcan a pueblos indígenas, sus condiciones socioculturales, socioeconómicas, y ver alternativas diferentes al encarcelamiento como sanción. Desde su posición ¿cómo cree usted que debiera ser tomado este artículo para que tenga aplicabilidad?

Yo creo que ahí hay un asunto de fondo, que se está planteando en esta huelga de hambre. Del por qué el gobierno, cualquier gobierno, es el responsable de garantizar la aplicación efectiva del Convenio 169, más allá de la materia penal o penitenciaria ¿qué dice este instrumento internacional? Lo que señala el 169 es que son los gobiernos los encargados de buscar mecanismos para que se pueda aplicar efectivamente el Convenio. Por lo tanto, lo que están haciendo los prisioneros políticos, las familias de los prisioneros políticos, las comunidades del Pueblo Mapuche, es exigir al gobierno de turno los mecanismos para su aplicación. 

Lo que estamos haciendo hoy día es establecer la necesidad de una mesa de trabajo que permita garantizar la aplicación del artículo siete hasta el artículo diez, también lo que tiene que ver derechamente con materia penal y penitenciaria. Pero si tuviéramos que abordar en conjunto, toda la aplicación del Convenio, para relacionarlo o estandarizarlo a lo que exige el 169, es una situación de muy alto alcance, a la que ni siquiera el gobierno ha aceptado voluntad de abordar. 

«Lo que le corresponde al ministerio [de Justicia], por ser parte del poder ejecutivo, es resolver frente a una situación que le estamos diciendo los Mapuche: la aplicación efectiva del 169 en materia penal y penitenciaria. Si eso se aborda en una mesa de alto nivel político, evidentemente estaríamos en igualdad de condiciones.»

Qué ha hecho el gobierno: el gobierno ha tratado de cumplir con la OIT, pero llevando adelante procesos falsos y en algunos casos, contrarios al mismo instrumento internacional. En ese sentido, nosotros creemos hoy día que el artículo 10.2 es el que nos permite hablar de qué es lo que entiende el Estado en relación a cómo se debieran tomar medidas en relación a la situación cultural, espiritual, política y socioeconómica de los Mapuche, en relación a cómo se entiende la aplicación del 169, particularmente el artículo 10.2, tanto en materia penal como en materia penitenciaria. Eso se tiene que abordar a un nivel mucho más alto. Eso no puede ser abordado con gendarmería o con instituciones auxiliares de otros ministerios. Esto debe ser abordado directamente por el ministerio más competente, el ministerio de Justicia. 

Si yo quisiera hablar de desarrollo, evidentemente tendríamos que estar pidiendo al ministerio de Desarrollo Social, pero no es así. Aquí estamos en un asunto penal, en el que hemos visto que los tribunales de justicia, los jueces, de manera racista y discriminatoria, simplemente no han aplicado el 169. Por lo tanto ahí no hay una garantía de que se vaya a aplicar, y nosotros necesitamos que esto se garantice. 

Vemos también que en la situación penitenciaria, siempre las cuestiones culturales, espirituales Mapuche, siempre han quedado sujetas a lo que dice gendarmería. Gendarmería es una institución auxiliar, del ministerio de Justicia. Por lo tanto, es el ministerio de Justicia el que debe buscar los mecanismos de acercamiento. Lo que le corresponde al ministerio, por ser parte del poder ejecutivo, es resolver frente a una situación que le estamos diciendo los Mapuche: la aplicación efectiva del 169 en materia penal y penitenciaria. Si eso se aborda en una mesa de alto nivel político, evidentemente estaríamos en igualdad de condiciones. Eso significa que el gobierno debe atendernos en igualdad de condiciones como atiende al gremio de camioneros, que los van a amenazar a su propia casa. Nosotros no hemos amenazado. El gobierno ha dicho que nosotros andamos con extorsión, que somos violentos. Pero en este caso hemos observado que gremios como el de camioneros, el de las forestales les golpea la mesa y los amenaza, y el gobierno qué hace: abre las puertas y busca mecanismos para resolver. Nosotros lo que estamos pidiendo es exactamente el mismo trato. Un trato igualitario, en el que no tenga que haber instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Colegio Médico o el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que bien poco pueden hacer en esto, porque necesitamos un trato de igualdad. 

Hay que entender que, si bien es cierto que fuimos un pueblo al que le ocuparon el territorio, no hemos perdido nuestra forma organizacional y política propia. Por lo tanto, en ese sentido, el Estado tiene la obligación hoy día de sentarse con nosotros para poder resolver esta situación, no sólo porque nosotros lo pedimos, sino también porque hay un instrumento internacional de por medio, que pide, justamente, que la parte interesada, que somos nosotros, debiera ser atendida en las mismas condiciones.

Feley lamgen. En las últimas semanas hemos visto estos actos racistas, de violencia por parte de grupos que representan al latifundio en la región. Hemos visto cómo los carabineros gozan de completa impunidad , porque hoy en día no vemos que ningún carabinero esté cumpliendo condena por los crímenes que se han cometido en contra de miembros del Pueblo Nación Mapuche ¿Qué opinión le merecen las situaciones que hemos visto en los últimos días, que hayan sido también de manera sistemática?

La verdad es que hay una situación bien complicada, en relación a que el Estado ha actuado, permanentemente, de una manera discriminatoria, racista, con una institucionalidad que ha sido avasalladora contra el pueblo mapuche, particularmente en el último tiempo. Todo lo que ha sido represión ha estado a cargo de la policía, tanto de carabineros como de la polícia civil, y en el último tiempo, incorporando militares. ¿Qué implica esto? Implica que el Estado, no solo ha roto los canales para conversar, también ha seguido en la idea de que está en un proceso de domesticación de los Mapuche. Y en ese sentido, nosotros hemos sido bastante claros con el gobierno. 

En la medida en que el Estado nos responde con violencia, nosotros buscamos defendernos. Esa ha sido siempre la tónica, y lo seguirá siendo de aquí en adelante, no estamos en tiempo de humillaciones, y por lo tanto nosotros tenemos el derecho a defendernos cuando nos sentimos agredidos. Si el Estado quiere cambiar de actitud, tiene que tener la capacidad de abordar una situación política con nosotros. Creemos que ese tipo de actitudes que se ha tenido por parte de distintos gobiernos, que van por la línea de la prisión política, del encarcelamiento, el asesinato contra miembros del pueblo Mapuche, no contribuye en ningún caso a buscar un entendimiento entre ambas partes ¿y qué estrategia ha implementado el Estado? mediante la represión tratar de aislar a lo que ellos suponen, según dicen, somos los violentistas, los terroristas. 

Por otro lado, ha hecho una coartación política, abriendo de par en par su billetera para otorgar proyectos asistencialistas en distintos sectores políticos Mapuche, y de esa forma coartar políticamente. Eso nosotros lo tenemos claro, porque analizamos el proceso político permanentemente. Si hoy día, el Estado cree que con esa política de separación, por un lado, y de garrote, por otro, va a conseguir que los mapuche desistamos del derecho a la tierra, de nuestros derechos políticos, es un camino equivocado, no es algo que nosotros aprobemos, que rechazamos terminantemente. Todos tenemos derecho a vivir de manera tranquila en las comunidades, a desarrollar nuestras vidas. El Estado no se puede sentir con el derecho de utilizar la violencia para tratar de que nosotros cambiemos nuestras posiciones políticas.

«Está claro que esta es una región que está ocupada por unos pocos, que tienen mucho, que tienen nuestra tierra, que tienen nuestros recursos naturales, y que evidentemente quieren que los Mapuche sigamos viviendo de manera reducida sin la capacidad de abordar nuestros derechos políticos.»

Para concluir, ¿cómo definiría usted el momento en que se encuentra el movimiento político Mapuche?

Creo que ha habido un cambio cualitativo. Los distintos gobiernos se acostumbraron a que los Mapuche tratáramos las situaciones mediante otras instituciones. Hoy día lo que les estamos exigiendo al Estado es que atienda a esta situación de manera bilateral, en la que nosotros, los Mapuche, los que somos parte de las autoridades políticas y tradicionales del pueblo Mapuche, tengamos la posibilidad de hablar los problemas en igualdad de condiciones. Esto ha sido un cambio cualitativo. 

También ha habido un cambio en el sentido organizacional, la formación de los Mapuche está hoy plenamente vigente, la organización tanto tradicional como política. También, a partir de lo que sucedió el 18 de octubre creo que hay un gran sentimiento de la gente no Mapuche, en apoyar esta causa. Todo esto se vio empañado hace unas semanas atrás con la situación de Curacautín y Victoria, en las que volvemos a ver que gente, organizada, grupos de matones, completamente protegidos por el gobierno, actuando en un horario de toque queda, haciendo evidente la participación del gobierno y la policía, quienes encubrieron a cada uno de quienes actuaron en contra de nuestra gente en esas ocupaciones, que tenían el propósito de visibilizar la situación de los prisioneros políticos que ya cumplen hoy 109 días. 

Está claro que esta es una región que está ocupada por unos pocos, que tienen mucho, que tienen nuestra tierra, que tienen nuestros recursos naturales, y que evidentemente quieren que los Mapuche sigamos viviendo de manera reducida sin la capacidad de abordar nuestros derechos políticos.

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