Noticias

abril 17, 2020

Sin agua no hay vida: el sutil asesinato en los campamentos de Temuco

por equipo ACIWA

Autoridades regionales aún no dan respuesta a las 1500 familias de los 32 campamentos de Temuco que luchan por una solución habitacional.


Luego del reportaje realizado por la periodista Paulina Allende para TVN donde se denunciaba la crisis sanitaria y política de la comuna de Temuco por la rápida propagación de COVID-19 en una de las regiones más pobres del país, la delegada presidencial y mano derecha de Andrés Chadwick, Andrea Balladares Letelier se comprometió a dar una solución a las más de 600 familias que aún se encuentran en los 32 campamentos de Temuco; la demanda en estos momentos es muy simple, que no les dejen morir por la falta de agua en los sectores donde se encuentran.


En el reportaje (https://www.youtube.com/watch?v=LTj9Ugve9DQ), Paulina Allende recorre los campamentos de la ciudad, hablando con pobladoras que denuncian la nula voluntad de las autoridades para solucionar el problema del abastecimiento de agua. Esto no es a causa de problemas técnicos, sino que derechamente se le ha negado el acceso al agua a muchas familias, como una forma para bajar las tomas que se emplazan en la ciudad, y mucho más a fondo, no dar una real solución a las demandas habitacionales de los y las pobladoras del sector.


La promesa incumplida de la delegada presidencial
Andrea Balladares Letelier, fue designada el 1 de abril por el Presidente Sebastián Piñera como delegada presidencial para la Región de La Araucanía. Esta acción fue una respuesta a la crisis política y sanitaria que provocó la ex Seremi de Salud de La Araucanía, Katia Guzmán, quien violó la cuarentena preventiva que debía realizar, ya que parte de su equipo se había contagiado con el virus. La ex seremi realizó un punto de prensa en una sala pequeña con periodistas de medios locales, de los cuales, algunos se vieron gravemente afectados en sus funciones. En este contexto se designó a Balladares para trabajar de manera conjunta con Víctor Manolí (quien dio positivo por compartir espacios con Katia Guzmán) y el jefe de Defensa Nacional de la región, Luis Sepúlveda, con el objetivo de hacerle frente a la pandemia en una de las regiones que alberga más contagios por COVID-19 y decesos producto de este.


Balladares, quien fue jefe de gabinete del actual ministro de Defensa, Alberto Espina, en su periodo como senador, se comprometió a: “buscar todas las fórmulas para evitar los contagios y si en este momento tenemos un foco en los campamentos por el tema del agua, efectivamente, tenemos que hacer lo que sea necesario para que no se siga propagando. Me voy a poner a revisar la situación en detalle”; lo que fue declarado en la emisión del reportaje, cuando Paulina Allende consultó sobre soluciones concretas para las más de 600 familias que se encuentran sin agua y corriendo un riesgo de transformarse en el mayor foco de contagio de la ciudad.


Una amenaza al derecho a la vida y la salud
Pese a que ya se había decretado una alerta sanitaria el 4 de enero a causa de la pandemia, no se hizo ningún plan preventivo para garantizar medidas de higienización para evitar la propagación de COVID-19 en los campamentos y las autoridades se han limitado a responder con medidas paliativas, es decir, respuestas sobre la marcha ante las demandas y presión de quienes viven en estos lugares.


La Coordinadora de Tomas y Campamentos de Temuco ha declarado que no hay respuesta clara sobre la solución de parte de las autoridades respecto las condiciones insalubres a las que se encuentran expuestos y que la ayuda de abastecimiento de alimentos, como de agua ha sido gracias a particulares, microempresas y ong’s. Desde la coordinadora aluden a que esto ocurre no solo por la poca voluntad de las autoridades, sino que también por la negación al diálogo y el desconocimiento de la realidad en la que viven las familias de los campamentos.


El día jueves 16 de abril, vía Twitter, algunos medios locales daban información de la repartición de 3mil litros de agua, por parte del ejército, para las familias de los campamentos, sin embargo, no sabe de quién provino dicha orden. Por otro lado, la coordinadora enuncia que el agua no se ha repartido de la mejor forma, ya que desde el Regimiento Tucapel (de acuerdo al conteo que tiene esta unidad), en Temuco solo existen 16 campamentos.


¿Cuántos campamentos existen?
Le preguntamos a la Coordinadora de Tomas y Campamentos de Temuco, quienes señalaron que en la comuna existen 49 campamentos, de los cuales 32 pertenecen a la coordinación. En un principio, estos albergaban a más 1500 familias, pero debido a que algunas personas dieron COVID-19 positivo en el lugar, muchas familias volvieron a los lugares donde se encontraban antes de las tomas, por lo que ahora solo hay 600 familias en los terrenos. Además manifiestan que se les ha marginado de la toma de decisiones en lo que respecta a la solución de sus demandas, y que la forma en la cual se ha dispuesto la ayuda para esta emergencia sanitaria, no es la que esperaban, debido que solo les han llenado los bidones de agua y no se les ha dispuesto de un estanque grande que permanezca en cada toma para abastecer a todas las familias.


¿Qué ocurre en el plan judicial?
De acuerdo a lo emitido por Abofem (Asociación de Abogadas Feministas), en lo que respecta a la única acción judicial en curso por agua y otras medidas, la Municipalidad de Temuco, no ha transparentado qué acciones tomará al respecto sobre la situación de los campamentos en contexto de cuarentena. El departamento jurídico del municipio pidió 8 días más para emitir el informe. Por otra parte, señalan que el consejo de defensa del Estado, en representación de la seremi de salud y la intendencia, reconoce que el tema del agua potable es un problema de política pública y no de derechos humanos, lo que no se condice con lo emitido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 64/292 del año 2010, documento que reconoce el agua como un derecho humanos. No obstante están a la espera del fallo por parte de la corte.


Abofem Araucanía valora lo que han realizado las autoridades, sin embargo reconocen que son medidas paliativas y tardías, que ya tienen efectos irreversibles en personas que enfermaron producto del virus. Además señalan que lo poco que se avanzó fue gracias a la presión social y la dirigencia mancomunada de organizaciones de base, los medios de comunicación y la acción judicial que han avanzado como orgánica. Agregando que “puso en perspectiva jurídica la negativa del derecho humano al agua desde agentes del estado, que incluso podría llegar a comprometer la responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de sus obligaciones jurídicas en materia de vivienda y salud”.


Abofem enfatiza que está exigiendo judicialmente que las autoridades den cumplimiento a la normativa jurídica del Estado en materia de salud y protección de la población más vulnerable, tal como lo dispone el Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto a los tipos de obligaciones que nacen para el Estado en su Observación General N° 31.


“Somos invisibles para las autoridades”
Las familias de los campamentos han señalado que hasta el momento la Municipalidad de Temuco les ha ofrecido un subsidio de arriendo por 6 meses, pero que ninguna de las familias de los asentamientos está dispuesta aceptar, ya que no es una real solución y mitigaría aún más la nula respuesta a la demanda habitacional. Además comentan que desde la administración municipal no hay un catastro claro sobre la cantidad de personas que hay en las tomas, lo cual quedó claro durante esta semana cuando vieron camionetas municipales realizando esta acción, a pesar que desde el municipio ya se había comunicado sobre la existencia de estos catastros, lo que dejó entrever la mala organización de parte de las autoridades, por lo que no confían en las soluciones ofrecidas.


Desde la coordinación aclararon que el subsidio no es una solución real y que no existe ninguna motivación de parte de las autoridades para subsanar lo que ocurre considerando el contexto en el que se encuentran, denunciando que no hay motivación para trabajar en una mesa que les involucre como pobladores. “Ellos tienen el poder de salvar vidas y no lo quieren hacer. Ellos ven la realidad que quieren ver. Somos la población más vulnerable en estos momentos, queremos proteger a nuestras familias y no podemos, porque ni siquiera tenemos la oportunidad de hacer una cuarentena responsable. Aquí muchas familias viven del día a día, entonces en estas condiciones, morimos por el virus o nos morimos de hambre”.


Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las promesas de las autoridades siguen sin ser cumplidas.

Redes Sociales

Galería