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diciembre 18, 2019

Por manifiestos Anti Yuta y el fin de la violencia (parte I)

por Clive Echagüe Alfaro1

Este texto está escrito desde el miedo y la impotencia, desde el afecto que ha evocado este mes de intensa esperanza y alegría, con las imágenes del horror que nos recuerdan el poder soberano del Estado. Un poder de muerte, de mutilación, de violencia. La actual militarización y policiación de la vida cotidiana en Chile tras las semanas de manifestaciones originadas en el movimiento por la evasión al metro, que desembocaron en un cuestionamiento profundo al régimen neoliberal chileno, se ha convertido  en uno de los mayores malestares del movimiento y de amplios sectores de la sociedad chilena e internacional.

La criminalización de manifestantes y la represión ejercida durante estas semanas de protestas, ha mostrado la política de mutilación que ha puesto en práctica Carabineros de Chile en las calles. A la fecha, tenemos como resultado que más de 350 manifestantes y transeúntes han perdido la vista total en uno o ambos ojos; cientas de personas torturadas, cerca de 4.000 heridos por balas, perdigones y balines;  casi 10.000 detenciones ilegales en las manifestaciones; violaciones y abusos sexuales a mujeres y hombres gays y heterosexuales; allanamientos y ataques con artefactos tóxicos en barrios populares, cientos de niñas, niños y jóvenes heridos o utilizados como escudos por carabineros, detenidos arbitrariamente y pasando la noche en comisarías. Todo esto cometido por carabineros. Además del número de asesinados a manos del Estado por fuerzas armadas y carabineros, ascendió a cerca de 30 personas.

A partir de ello hay una escalada de la violencia, que incluye extraños asesinatos, amenazas, amedrentamientos, que si bien no se pueden atribuir directamente a la policía, casualmente involucra a personas que han estado en tensión o denunciando el abuso policial. Todo esto sin contar la violencia que ha desatado el apoyo civil a carabineros, personas armadas, atropellos múltiples, que no se pueden entender sino como formas de  reproducción de la violencia estructural legitimada por el Estado y el gobierno de Sebastián Piñera. También se conocen denuncias sobre centros clandestinos de tortura, como la Estación Baquedano o el caso del joven trabajador antofagastino a quien le enterraron agujas en los dedos durante un interrogatorio.

Es un hecho: Carabineros de Chile es una de las instituciones más cuestionadas en el último tiempo. Human Rights Watch solicitó la reforma de Carabineros de Chile, y así otros organismos como el CIDH, ONU y varios gobiernos en el mundo han sido categóricos en rechazar y reconocer el desmedido nivel de violencia desatada por el Estado y el gobierno chileno expresado en las fuerzas de orden público durante el último mes.

«…Piñera ha buscado consensuar “acuerdos” por la “paz social”, pero lo hace en base a la criminalización y represión de la protesta, censurando de forma dictatorial la información y reforzando el aparato policial represivo con armas químicas…»

El presidente Sebastián Piñera en reiteradas ocasiones estos últimos meses, tras intensas jornadas de protestas, en menos de 5 minutos ha respondido al país con la criminalización del movimiento.  Los “incitadores” es la nueva categoría creada por el gobierno para criminalizar y perseguir a quienes sean interpretados como “agitadores” del movimiento. Compartir en redes sociales una convocatoria a marchar, puede ser interpretado como un “incitador”, razón para justificar la persecución política. Un ejemplo de ello, son las querellas presentadas por el gobierno, pero que han resultado inadmisibles, como la denuncia al militante trotskista Dauno Tótoro y la injusta aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en contra del profesor Roberto Campos. De esta manera, Piñera ha buscado consensuar “acuerdos” por la “paz social”, pero lo hace en base a la criminalización y represión de la protesta, censurando de forma dictatorial la información y reforzando el aparato policial represivo con armas químicas, altamente dañinas.

Entre las últimas medidas anunciadas, el presidente ha concedido  dar mayores atribuciones a Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. De esas instituciones, Piñera pretende hacer una fusión con la cual crear un nuevo servicio de inteligencia, además de los que ya existen y que quedaron expuestos tras el hackeo efectuado a Carabineros de Chile la noche del 26 de octubre donde se descubrió que estaban fichados dirigentes sociales y medioambientales como «blancos de interés».

Ya finalizando noviembre Piñera anunció un proyecto con un Decreto Fuerza de Ley para eximir de responsabilidad penal a las fuerzas de orden público y que obliga a los militares a reforzar la labor de Carabineros y PDI. Esa medida además incluyó la graduación anticipada de efectivos de PDI y Carabineros y la solicitud de un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo de 38 mil 445 millones 600 mil pesos chilenos para seguridad pública, en un proyecto que busca la modernización del aparato policial y cuyo costo estaremos pagando todos los chilenos.

Ni en salud, pensiones o educación se ha solicitado tal cantidad de dinero, aun cuando las personas llevamos más de una década en las calles exigiendo reformas a esos sistemas. En este sentido, el gobierno solo ha buscado endurecer y fortalecer los aparatos de inteligencia y la criminalización de manifestantes, en definitiva ofrece a cambio de que la gente deje de protestar en las calles más violencia.

«…debemos pensar seriamente en la abolición de la policía como una posibilidad, como un agregado a cualquier programa político decente que busque la justicia social y acabar con la inequidad y la desigualdad, pero sobretodo a cualquier programa político que busque el fin de la violencia.»

Si bien la represión ejercida en estos últimos meses surge como algo contextual, como una reacción del gobierno y los poderes del Estado ante el estallido social, no debemos olvidar los grupos históricamente perseguidos por el Estado, los pueblos indígenas que reclaman autonomía como los Mapuche y los Atacameños, las personas inmigrantes, y a lo largo de la historia de este país las mujeres, les manifestantes, estudiantes, trabajadoras sexuales y clases obreras, también han sido un blanco para las policías y el Estado. No debemos olvidar tampoco que la policía es responsable de la imposición normativa del género en las calles. Es necesario que empecemos a pensar en la historia de la represión y un futuro sin ella,  pensar en la posibilidad de un futuro sin cárceles y policías. Sea cual sea el color político, ese poder del Estado va a caer sobre manifestantes.

Ya vimos cómo Ricardo Lagos y José Miguel Insulza justifican y apoyan las medidas represivas de Piñera. Por lo mismo debemos pensar seriamente en la abolición de la policía como una posibilidad, como un agregado a cualquier programa político decente que busque la justicia social y acabar con la inequidad y la desigualdad, pero sobretodo a cualquier programa político que busque el fin de la violencia. No puede ser significado de «defender la democracia», repletar las calles con carabineros y armas.

Esta posibilidad, la podemos encontrar en un programa que si bien no es hegemónico, se ha ido construyendo en torno a diversos activismos y que ocupa una agenda central en el movimiento negro estadounidense, el feminismo negro interseccional y en el pensamiento negro radical. El abolicionismo de la policía y las prisiones no es un movimiento nuevo, en Estados Unidos quienes han sido víctimas históricamente de la violencia policial: personas no-hetero y trans, personas racializadas y el inmenso pueblo negro y pobre de Estados Unidos, han levantado este proyecto. Entienden que tanto la policía como las cárceles se fundan, en palabras de Angela Davis o Andrea Ritchie como instituciones patriarcales, clasistas, racistas y  coloniales.

«…acabar con la policía es también, acabar con el complejo industrial violento del Estado, es querer acabar con la máquina de la violencia que ha fabricado el Estado para la mantención de la sociedad colonial, masculina, heterosexual y burguesa.»

La policía es parte de algo que podemos llamar, siguiendo la lectura de Davis “un complejo industrial”, que en nuestro contexto podemos contar desde quienes fabrican los perdigones, las bombas lacrimógenas, hasta el mismo trabajo in situ de carabineros. A ese complejo industrial lo podemos llamar como “complejo de la violencia”, existe un parque industrial de la violencia ejercida en el nombre del Estado y la gobernabilidad, tiene un mecanismo productivo y emerge como todo un medio de producción, que mueve miles de millones de pesos y dólares.

Por ejemplo, hay antecedentes del gasto del Estado en Lacrimógenas, que asciende a 2.300 millones de pesos en 8 años. Grupos económicos que se enriquecen a propósito de lo mismo, existe un gran negocio en el mundo llamado seguridad y que deja millonarias ganancias. Por lo tanto acabar con la policía es también, acabar con el complejo industrial violento del Estado, es querer acabar con la máquina de la violencia que ha fabricado el Estado para la mantención de la sociedad colonial, masculina, heterosexual y burguesa.


1 Psicólogo y Magíster en Psicología Social, Universidad Católica del Norte. Seleccionado 2018 Beca de Igualdad de Oportunidades para estudios de doctorado en Estados Unidos 2021 (Fulbright-CONICYT). Docente, Investigador y Psicólogo del Centro de Intervención y Asesoría Psicosocial de la Escuela de Psicología, UCN. Integrante Agrupación por la Memoria Histórica Providencia. Este texto solo representa la opinión del autor.

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